24/5/09

Diario de aprendizaje de Pedagogía laboral. Capítulo 13

El artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos – adolescentes – la formación para el empleo de los alumnos no titulados – retos e interrogantes técnicos.

La recta final de la asignatura ha estado dedicada a lo que se podría llamar el “cierre” de la misma, pues a través de los dos textos que hemos trabajado referidos a los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) hemos tenido la oportunidad de recuperar todos los conceptos y constructos de conocimiento que hemos ido creando a lo largo de la propia asignatura, para, definitivamente, darles un sentido y una dirección concreta de manera integrada. Dicho sentido apunta hacia el artículo 26 del la Declaración de los Derechos Humanos, como bien señala Fernando Marhuenda, el autor del texto, en su genial introducción, un derecho a la educación que, pese a medidas en busca de su universalización tales como la extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, no todos los jóvenes lo ven satisfecho.

Este desajuste del sistema educativo en cuanto a su fin y sus resultados, dentro de los cuales se puede ver el creciente e “irremediable” fracaso escolar del que, me atrevería a decir que, retomando lo dicho en el primer párrafo, es, a su vez, una falta de verdadera asimilación del objetivo real del sistema educativo por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo efectivo. La medida que menciono anteriormente en pos de su universalización no creo que haya sido vista desde los propios centros como tal, sino como una oportunidad para seguir desarrollando y poniendo en práctica métodos de enseñanza centrados en lo conceptual por medio de la memorización, para lo cual uno de los requisitos necesarios es la tan deseada disciplina y obediencia. Factores que no hace muchos años no era muy difíciles asegurar pues eran promulgados por prácticamente todos los adultos con quienes los jóvenes tenían contactos, pero que hoy, huelga mencionar la serie de revoluciones vividas de por medio, se hacen casi imposibles de asegurar. Por lo que, como ocurre en una torre de naipes, cuando quitas la base todo el resto se desmorona. Me temo que en eso estamos.

Una de las soluciones es la corrección del rumbo que se ha venido arrastrando años atrás, basado éste, como digo, en la obediencia, el orden y todo ello para, a fin de cuentas, disponer en un papel lo memorizado la tarde de antes y que el profesor de turno de el visto bueno para progresar adecuadamente el curso siguiente. Este cambio lo representarían los movimientos de renovación e innovación pedagógica.

Otra de las soluciones es la que se tomó en nuestro país en 1990, activar los Programas de Garantía Social (PGS) concebidos, y este es uno de sus puntos fuertes, como una opción dentro del sistema escolar, rompiendo, de algún modo, la uniformidad del sistema además de su monopolio, pues se permitía a otras instituciones (entidades locales y sin ánimo de lucro) hacerse también responsables de ello. El autor aporta sobre estos programas una serie de datos que llevan al lector a la conclusión de que su oferta es aún insuficiente. Si a esto le añadimos el galopante fracaso escolar, el elevado número de estudiantes universitarios en comparación con la formación profesional, más el nuevo panorama laboral con más precarización que nunca, la cual tiene el riesgo para los jóvenes, y más especialmente para los no titulados, de que no lleguen a elaborar trayectorias laborales constructivas ni coherentes, se entenderá la urgencia de que, primero, los PCPI’s en encuentren su espacio de intervención, y segundo, que proporcionen a los jóvenes los recursos apropiados al particular momento que vivimos, además de intervenir sobre la socialización e identidad laboral de los jóvenes. Y esto último es especialmente importante si tomamos las caracterizaciones (tema que se retomará más adelante) que se han hecho de los jóvenes que acudían a los PGS, donde aparecen rasgos como las rupturas en los procesos de socialización, la exclusión de la franja productiva y la, en consecuencia, estigmatización; rasgos que en definitiva pueden desembocar en las características opuestas a las que se le suelen atribuir a un ciudadano íntegro: autonomía económica, una buena socialización y participación política activa.

El que los PCPI’s puedan llevar a cabo sus finalidades propuestas, entre las que se encontrarían, por ejemplo, la labor de intervención sobre la socialización e identidad laboral de los jóvenes, o ayudar a que los jóvenes logren trazar rumbos e itinerarios constructivos y coherentes, es algo de índole técnica, en concreto depende del desarrollo normativo de éstos mismos. Dicho desarrollo normativo se encontraría con los siguientes a abordar: una buena conexión con la formación profesional traducida en la posibilidad de proporcionar acceso a una acreditación profesional, para lo que es necesario una oferta coherente de cualificaciones profesionales; en el mismo sentido iría la siguiente cuestión que se refiere a la posibilidad de obtención del graduado escolar, lo que posibilitaría la retención en el sistema educativo; otro aspecto deseable sería que se fomentara y utilizara un sistema de evaluación distinto al habitual de la educación secundaria, es decir, una evaluación más formativa y basada en la corrección y la retroalimentación positiva que en la sanción; en otra dirección se encontraría la mejora de la organización de la participación de entidades locales, de manera que se asegurara una absoluta integración con el resto del sistema educativo; la posibilidad de proporcionar una adecuada orientación al alumno es posible sólo si existe una cierta estabilidad en cuanto a la oferta educativa, así el objetivo sería ayudarle a construir su propio intinerario; de las dos cuestiones anteriores se deriva la siguiente, la necesidad de una planificación y revisión de los itinerarios para que así no se conviertan en vías muertas; la necesaria intervención de la administración tanto por la parte de la supervisión educativa, que no inspección fiscalizadora, como por la posibilidad (o necesidad) de desarrollar recursos materiales específicos dado que las editoriales aún no se han dispuesto a hacer negocio sobre esta parcela del sistema educativo; y para finalizar cabría mencionar la posibilidad de que los alumnos se formaran, el tiempo estimado, en centros laborales, para, de esta manera, proporcionarle una práctica significativa donde se de lugar al desarrollo de competencias propiamente ocupacionales. Las anteriores cuestiones, a pesar de que fueran todas ellas resueltas favorablemente, no serían más que las simples a problemas parciales a no ser que contaran con un trasfondo de investigación al que poder recurrir y del que poder servirse para la mejora del propio sistema.

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